Lo hemos visto en películas de James Bond de los 80 y de otros espías al uso y en apuestas de ciencia ficción como Minority Report o Desafío Total, ambas basadas en textos que Philip K. Dick escribió en los años 60. Señalamos las fechas porque lo que la ficción imaginaba tiempo atrás mucho después la tecnología lo ha hecho posible. Nos referimos a la biometría.

La biometría agrupa todas aquellas herramientas y técnicas que permiten el reconocimiento e identificación indubitados de una persona a través de determinadas características físicas. El más habitual y el que primero comenzó a utilizarse es la huella dactilar pero también se puede hacer esta identificación a través del iris, la retina, los patrones faciales, la voz, la firma o la caligrafía, e incluso el modo de caminar. La propia naturaleza de este modo de identificación implica un altísimo grado de seguridad a la hora de franquearnos el acceso a un sistema, documentos, aplicaciones, etc.

Por su sencillez y su bajo coste de implantación, los últimos años se está incidiendo en el reconocimiento de la firma por biometría. Tan sólo es necesario un dispositivo adecuado (tableta, Smartphone…) que permita recoger información sobre la presión, el tipo de trazo, la velocidad y otros elementos gráficos de la firma para identificar al firmante haciendo prácticamente imposible una suplantación. Su finalidad es la autenticidad (quien firma es quien dice ser y no otra persona) y el consentimiento (el firmante aprueba o autoriza lo firmado). Este sistema puede ser utilizado de modo independiente o complementario a la firma electrónica.

La seguridad es casi absoluta además de que se aceleran aquellos trámites empresariales o personales que requieran de tales protocolos, lo que supone un considerable ahorro de tiempo, de dinero e, incidiendo en la conciencia ecológica, también de papel.

Pero, ¿qué implicaciones legales tiene este reconocimiento biométrico? Para comenzar, no se debe olvidar que, junto a la firma, se almacenan una serie de metadatos individuales cuya gestión debe ajustarse a la Ley de Protección de Datos. Su validez legal es la misma que la de una firma convencional manuscrita tal como recoge la Ley de Firma Electrónica que también apunta otros aspectos relevantes como los siguientes:

  • Ha de permitir identificar al firmante y vincularlo unívocamente a la misma y a los documentos o datos firmados.
  • Debe haber sido creada bajo el control exclusivo del firmante sin intervención de terceros, durante o después del proceso.
  • Debe tener un certificado reconocido y haber sido creada en un dispositivo seguro.
  • Será admisible como prueba ante instancias judiciales el soporte en que se hallen los datos firmados.